La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, llevada a cabo en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio, concluyó con sentimientos encontrados. Lo que se esperaba que fuera un momento decisivo para reformular las normativas del sistema financiero global y avanzar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible culminó en un documento final que ha recibido críticas significativas por parte de organizaciones de la sociedad civil, las cuales señalan su falta de ambición, claridad y determinación política genuina.
El texto, denominado “Compromiso de Sevilla”, fue aprobado por una mayoría de países participantes, pero sin el respaldo de algunas potencias clave, como Estados Unidos, cuya ausencia marcó el tono de los debates. Para las ONG, el documento no aporta las soluciones estructurales necesarias para abordar la crisis de deuda que afecta a decenas de países en desarrollo, ni representa un impulso concreto a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), cuyo retroceso amenaza con agravar la desigualdad global.
Antes del evento oficial, más de 1.500 representantes de entidades sociales se reunieron en el Foro de la Sociedad Civil, donde se formularon propuestas para una reforma completa del sistema económico mundial. Allí se enfatizó la importancia de crear un mecanismo multilateral, autónomo y legalmente obligatorio para la reestructuración de la deuda soberana, asegurando una participación justa tanto de países acreedores como deudores, evitando que los sacrificios recaigan siempre en los más desfavorecidos. No obstante, el documento aprobado solo menciona de manera imprecisa el inicio de un proceso de discusión en la ONU sobre este asunto, sin concreciones ni plazos definidos.
Según voceros de distintas redes internacionales, la oportunidad histórica de actuar con decisión en este tema fue desaprovechada. Más de 60 países destinan actualmente más del 10 % de su gasto público al servicio de la deuda, superando lo que invierten en salud y educación, mientras los mecanismos actuales de reestructuración siguen siendo opacos, lentos y dominados por instituciones con escasa representatividad.
En paralelo, la situación de la ayuda al desarrollo sigue siendo crítica. La AOD cayó un 9 % en 2024 y se prevé un nuevo descenso para este año, agravado por los recortes anunciados por varios países donantes, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Esta tendencia afecta directamente a programas esenciales como la vacunación infantil, la protección de personas refugiadas, el acceso a educación y salud para mujeres y comunidades vulnerables. El Compromiso de Sevilla no incluye medidas concretas para revertir esta situación, ni un cronograma para alcanzar el objetivo del 0,7 % del PIB comprometido por los países desarrollados desde hace décadas.
Aunque algunos expertos destacan avances en la propuesta de triplicar la capacidad de préstamo de los bancos multilaterales de desarrollo y el apoyo a iniciativas fiscales globales, las organizaciones sociales insisten en que esas medidas resultan insuficientes si no se acompañan de una reforma profunda de las reglas que rigen la economía internacional. Denuncian además que muchos países ricos mantienen un doble discurso: por un lado, prometen cooperación; por otro, recortan presupuestos y aumentan el gasto militar.
La falta de participación de Estados Unidos fue vista por ciertos actores como una ocasión para que otras potencias, como la Unión Europea o China, asumieran el liderazgo en la revisión del sistema. No obstante, esta ausencia también privó al evento de uno de sus mayores financiadores y actores influyentes, lo cual redujo el impacto político de la reunión.
Las organizaciones no gubernamentales están de acuerdo en que la conferencia que se realizó en Sevilla incluyó aspectos favorables, como admitir la importancia de relacionar el financiamiento para el desarrollo con la lucha contra el cambio climático, pero señalan la ausencia de medidas específicas para asegurar su ejecución. Además, exigen que la participación de la sociedad civil sea más influyente en futuros eventos, y no meramente simbólica.
Con la Agenda 2030 en riesgo y una deuda mundial creciente, la comunidad internacional tuvo en Sevilla un momento para ajustar las normas del juego. No obstante, el desenlace ofreció más incógnitas que soluciones. Para los activistas, el auténtico compromiso no se evalúa a través de declaraciones diplomáticas, sino mediante decisiones políticas que redistribuyan recursos, reconozcan responsabilidades pasadas y aseguren el derecho al desarrollo para todos los países. Hasta que eso suceda, los compromisos continuarán siendo, según palabras de los mismos participantes, buenas intenciones sin efecto tangible.
