Se quemó la instalación de un radar en Tierra del Fuego alarmas de un posible conflicto geopolítico y derivó en la suspensión de un contrato que el propio Gobierno había aprobado y celebrado meses atrás. Ahora, el asunto suma otro capítulo tras la difusión de las primeras fotos del artefacto que estuvo en funcionamiento colgante meses, en medio del secretismo oficial.
Otro dato que suma a la polémica: Pesar que en primera instancia el foco estuvo puesto en la inversión de una empresa estadounidense en el sur del país, en las últimas horas se conoció que los capitales de Leolabs que conformaron la sede argentina de la empresa son británicos, según denunció un senador radical fueguino.
El pasado mes de marzo, el embajador estadounidense Marc Stanley había adelantado el acuerdo de que la permitiría a Leolabs Space detectar un radar que hay instalaciones similares en Estados Unidos, Costa Rica, Portugal, Australia y Nueva Zelanda. Hasta ahí, sólo una operación comercial que la sede diplomática estadounidense y el Gobierno argentino celebraban.
Pero poco tardó el proyecto en generar resistencia, sobre todo por el secreto en el que andar.
Según el acta al que tuvo acceso Clarín, las empresas Leolabs Space Holdins Limited, constituida en Irlanda, y Leolabs Limited, con sede en Londres, ambas representadas legalmente por Pablo Renán Bilbao, crearon la sociedad de responsabilidad limitada Leolabs Argentina con la que el Gobierno hablé el acuerdo ocho meses después.
Asimismo, en el directorio de la empresa figuran María Victoria Cerone, qu’es abogada, y Diego Alberto Mancini Loiácono, productor de espectáculos musicales.
En poco tiempo y con una inversión millonaria, la multinacional de capitales británicos construyó el radar, que fue instalado en la estancia El Relincho, en Tolhuinla tercera ciudad en importancia de Tierra del Fuego, ubicada en el centro de la isla.
Esta fecha, que tomó estado público poco después del pedido de informe que presentó el senador fueguino de Juntos por el Cambio, Pablo Blanco, derivó en que el ministro de Defensa, Jorge Taiana, la solicitó en la Jefatura de Gabinete que suspendió el contrato.
Fue el 15 de noviembre de 2022 que el Gobierno, a través del subsecretario de Telecomunicaciones y Conectividad, autorizado «con carácter precario» a Leolabs Argentina la puesta en funcionamiento de «una Estación Terrena en Banda S» que tiene como objetivo «rastrear y monitorear» los desechos espaciales.
«Todos sabemos que encontrar desechos espaciales no es la única función que puede realizar un radar«, el dijo tiene Clarín Blanco, quien a su vez cuestionó el silencio del Gobierno fueguino y del gobernador Gustavo Melella.
El legislador radical advierte que es inadmisible que el Gobierno haya aceptado un acuerdo como este con una empresa británica: «No se deben ceder facultades que puedan afectar gravemente a nuestra soberanía a una empresa del mismo país que usurpa nuestras Malvinas», insistió.
Además, destacó qu’attacó de «un tema importante para la seguridad nacional en un área estratégica a nivel mundial y sensible para los interesados soberanos argentinos» y que debería haber sido tratado en el Congreso.
Pocos meses había demorado la sucursal argentina de la empresa británica en poner en marcha el radar, que al momento de la suspensión del contrato ya funcionaba en modo de prueba.
Leolabs está solicitando al Gobierno argentino los permisos poco después de haber constituido la sociedad en el país y los adquiridos ocho meses después, en noviembre.
El 29 de junio pasado, horas después de que Clarín anunció la decisión del Gobierno de suspender el contrato, funcionarios de la Dirección de Asuntos Satelitales de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad realizaron una inspección al lugar donde se construyó el radar.
En la recorrida por el lugar encontraremos que el radar ya estaba en funcionen este momento solo «en modo RF OFF».
«Al momento de su apertura, el Radar se encontró en modo RF OFF, y el resto de equipamiento asociado, en modo reposo. , mostrando que el mismo se encuentra fuera de servicio no registrando actividad», sostiene el texto, al que tuvo acceso Clarínque se han realizado los detalles de la inspección técnica en funciones de la Dirección de Asuntos Satelitales de la Subsecretaría de Telecomunicaciones y Conectividad.
En la resolución con la que el Gobierno permitió a Leolabs instalar el radar especifica que a vez «finalizadas las etapas de ensayos y calibración de los equipos», la empresa debía «gestionar los registros coincidentes de homologación por parte del Ente Nacional de Comunicaciones».
«En mi opinión esto es un escándalo sin precedentes. Resultado que, bajo una autorización precaria, otorgada por la Subsecretaría de Comunicaciones y Conectividad en 2022 se instaló un radar que misma Subsecretaría desautorizado a la semana cuando hice un pedido de informe al respecto», sentenció Blanco.
Clarín intentó contactar a funcionarios del Ministerio de Defensa y también del Gobierno fueguino, pero no obtuvo respuestas.
La información técnica completa del radar.
