La Asamblea General es el máximo órgano de decisión de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el principal e indispensable foro político/diplomático multilateral de las Américas, fundado en 1948. Los cancilleres de sus miembros se reúnen anualmente en la Asamblea para el diálogo , Negociar y decidir cómo cooperar para hacer frente a los grandes retos comunes que se presentan.
La promoción y defensa colectiva de la democracia representativa es uno de esos retos, además de ser uno de sus propósitos básicos. Aunque algunos gobiernos de «izquierda» (Argentina, Bolivia, México, Nicaragua) desacreditan y pretenden relegar a la OEA por «intervencionista», la Asamblea de Washington, DC (22-23 de junio) aprobó un aumento en su presupuesto y resolvieron avanzar en el fortalecimiento de la democracia en el continente. Lamentablemente, sus decisiones no tuvieron mayor cobertura mediática.
La decisión que sí tuvo resonancia internacional fue el llamado de los cancilleres al gobierno nicaragüense (debería haber sido condena a la dictadura) para que “cese la violación a los derechos humanos y respect los derechos civiles y políticos…y el estado de derecho…” ; que se “abstenga” de acosar “a periodistas, medios de comunicación, comunidades religiosas y organizaciones no gubernamentales…”; que “libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos..”; que «abstenga de reprimir y detener arbitrariamente a los líderes de la Iglesia católica e [informe] sobre la salud… del Obispo Rolando Álvarez..”; y que derogue «las normas que [privan] arbitrariamente de su nacionalidad a ciudadanos…”, violando el derecho a la propiedad.
También los cancilleres reiteraron al Grupo de Trabajo para Haití, a todos los miembros de la OAS, los Observadores Permanentes y la Secretaría General, la imperioza y urgente necesidad de apoyar al gobierno de Haití para enfrentar la violencia y la crisis humanitaria que sufre el país , así como para proteger los derechos humanos, fortalecer las instituciones democráticas y organizar elecciones libres y justas que permitan transitar hacia una democracia plena.
Por otro lado, una mayoría de Estados miembros lograron detener la intención de Argentina, Bolivia, Colombia y México de reducir (un despropósito) la independencia del Secretario General para organizar Misiones de Observación Electoral (MOE), por su supuesta injerencia contra Evo Morales, quien había intentado en 2019 fraude electoral para mantener en el poder.
También resolvieron alentar al Consejo Permanente de la OEA (CP) conformar un Grupo de Trabajo Voluntario, para identificar buenas prácticas de fortalecimiento democrático y formas de vigorizar la Carta Democrática Interamericana, el principal instrumento de defensa y promoción colectiva de la democracia. Asimismo, instruiremos al Secretario General sobre la elaboración de un plan de trabajo para la promoción de valores y prácticas democráticas (cultura democrática). Un plan que debe rescatar la labor realizada pero abandonada con los Ministerios de Educación Igualmente, y “reconociendo el papel esencial que desesperan los legisladores en el ejercicio de la democracia representativa en las Américas”, encomendaron al CP fomentar la cooperación interparlamentaria. A mayor conocimiento de los mismos sobre los acuerdos adoptados en la OEA y en las Cumbres de jefes de Estado en relación con los grandes desafíos que enfrenta el hemisferio, facilitaría la internalización normativa requerida y la aprobación presupuestaria de los aportes a la Organización.
A mayor conocimiento de la Carta Democrática por parte de legisladores favoreciendo su incorporación a la normativa nacional, como varios payses han hecho con la Convención Americana de Derechos Humanos. Los miembros reafirmaron su compromiso con la protección de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción.
La Asamblea también reiteró que el desarrollo integral y la cooperación solidaria siguen siendo prioridades de la OEA; instruyó a la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) apoyar a los miembros en la implementación de los mandatos, que incluyen las “áreas de educación, competitividad, pequeñas y medianas empresas, trabajo, cultura, ciencia y tecnología, gestión de recursos, renovables energías, turismo, desarrollo sostenible y portuario desarrollo. (¡agenda ambiciosa¡).
Para «implementarlos», la SEDI cuenta con la Oficina del secretario ejecutivo, el Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo, el Departamento de Desarrollo Económico y el Departamento de Desarrollo Sostenible, y la Secretaría de Puertos, con los cuales ejecuta programas, proyectos y actividades de asesoramiento, asistencia técnica y capacitación en las áreas mencionadas.
Nadie duda de la interdependencia entre el desarrollo integral y la democracia. Pero ¿cuenta la SEDI con los recursos financieros y humanos para contribuir significativamente al desarrollo integral en sus miembros? Su presupuesto es de unos magros 9 millones de US dls., para cubrir agenda semejante. Sin embargo, los 14 Estados del Caribe insisten con vehemencia en su continuidad como «pilar» de la OEA. Lo estratégico sería facilitar el diálogo sectorial a nivel ministerial para identificar áreas de cooperación entre los miembros, pero no realizar cooperación técnica; las solicitudes de asistencia técnica son trasladadas al BID, CAF, el Banco Centroamericano, o agencias de desarrollo europeas o de EEUU o Canada, para su financiamiento y ejecución. Los recursos ahorrados con este cambio estratégico pasarían a reforzar la Secretaría de Fortalecimiento de la Democracia, que cuenta con sólo USD 4 millones para su funcionamiento. Un disproposito. El cambio robustcería el papel de la OAS en la promoción y defensa de la democratie, su razón de ser hoy día.
