El fiscal Stornelli imputó a altos mandos de la Guardia Nacional Bolivariana del régimen chavista de cometer delitos de lesa humanidad. Difundió sus números pero no los de las víctimas. Podría pedir indagatorias de militares venezolanos.
La Justicia Federal de Argentina abrió una investigación por las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro durante la represión de las protestas antigubernamentales en Venezuela.
El caso fue presentado por el fiscal federal Carlos Stornelli luego de la denuncia presentada por la Fundación Clooney en abril y la suya por el juez federal Sebastián Ramos.
Se hizo sobre la base del principio de jurisdicción universal que le permite a los países juzgar los delitos más graves con independencia del lugar donde se hayan producido y de la nacionalidad del autor o de la víctima.
En un extenso requerimiento de instrucción, el fiscal Stornelli busca determinar las presuntas responsabilidades penales de los integrantes de los mandos superiores de la Guardia Nacional Bolivariana, sin perjuicio de toda otra responsabilidad que la instrucción eventualmente determine, sea del ámbito de la fuerza y/o de funcionarios gubernamentales de los cuales dependieran» por los homicidios de protestantes cometidos en las protestas de 2014.
Entre los militares investigados se encuentran altos mandos chavistas como Justo José Noguera Pietri, quien fue comandante de la Guardia Nacional Bolivariana en 2014 y luego perdió los estribos como gobernador del estado Bolívar.
También son investigados el general de división José Dionisio Goncalvez Mendoza, quien fue comandante de la Guardia del Pueblo en 2014; el General de Brigada Arquímedes Herrera Russo, Comandante de la Región N* 2 de Carabobo; el Coronel Ramón Adolfo Pimentel Avilán, segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la Región N* 2 de Carabobo; Coronel Ephraín Verdú Torrelles, segundo comandante del Destacamento de Seguridad Urbana de Tocuyito, Estado de Carabobo; coronel el teniente Frank Alonzo Osuna Díaz, comandante del Destacamento N* 24 de la Guardia Nacional Bolivariana; coronel el teniente Carlos Martínez Astudillo, comandante del Destacamento Norte; el titular Luis Amaya Chirino; y otros seis sargentos.
Los números de las víctimas se conservan en el documento al que tuvo acceso Clarín.
De acuerdo a los datos preliminares, los funcionarios militares cometieron un ataque «generalizado» y «masivo» contra la población civil generando una «multiplicidad de víctimas».
Para avanzar con esta investigación, el fiscal Stornelli solicitado informa al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Penal Internacional (CPI), donde actualmente está en marcha una investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Luego podría pedir indagatorias y extradiciones.
En el caso de Argentina, la Justicia Federal aplicó con anterioridad el principio de jurisdicción universal en los casos en que exista una sólida jurisprudencia.
Entre ellos, en 2010 una investigación criminal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen de Franco (1936-1977).
Esto dio lugar a una orden de exhumación por parte del tribunal que permitió a la hija de una víctima recuperar los restos de su padre, algo que los tribunales españoles no habían logrado.
En 2021, aplicando la nueva jurisdicción universal, el fiscal Guillermo Marijuan inició una sobria investigación sobre el presunto genocidio cometido contra la comunidad rohingya en Myanmar.
Además, a comienzos de este año 2023, el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) presenta una denuncia penal para que se investiguen los crímenes cometidos por los órganos de Venezuela, Cuba y Nicaragua, en el marco de la cumbre de la CELAC que se celebra en Buenos Aires.
